Catástrofe natural, solidaridad humana y orfandad de gobierno
Un terremoto es muy difícil de predecir con exactitud. Pero cuando se vive en zonas sísmicas los gobiernos tienen la responsabilidad de formar e informar a la población sobre cómo actuar ante acontecimientos de esta naturaleza. Y, más importante aún, tienen la obligación de estar preparados para dar respuesta inmediata y contundente, con equipos de salvamento entrenados profesionalmente, para aminorar los daños materiales, salvar el mayor número posible de vidas, atender a heridos y dotar de refugio y atención primaria a los damnificados.
Las catástrofes naturales de grandes dimensiones son implacables y trágicas, generan un sufrimiento humano infinito, castigan a las poblaciones y producen tristezas colectivas de marca mayor. Es lo que acaba de padecer Venezuela con el particular evento sísmico —técnicamente definido como doble o “doublet”, de 7.2 y 7.5 de magnitud— que ha arrasado viviendas, destruido infraestructuras públicas y dejado a su paso un número elevado de muertos y heridos que aún no se ha contabilizado con precisión.
Pero las catástrofes también generan brotes entusiastas de solidaridad extrema, de apoyo mutuo, de cooperación entre ciudadanos y también entre naciones. Y eso, a manos llenas, es lo que ha vivido Venezuela por estos días: la solidaridad incondicional de sus ciudadanos y el apoyo inmediato de gobiernos internacionales, hechos que de alguna manera nos ayudan a compensar el dolor y tener confianza en el futuro.
Lamentablemente, a diferencia de otros países de condiciones sísmicas como Japón, México o Chile, donde la preparación para responder a terremotos ha sido asumida responsablemente por sus gobiernos, en Venezuela esa cultura no ha sido una prioridad. Ni en la era democrática ni en el presente autoritario.
Con el agravante de que, como parte del proceso de destrucción y expoliación institucional, ético y profesional que ha vivido la República desde que comenzó el llamado “Socialismo del siglo XXI”, la capacidad de atender las necesidades y urgencias de la población por parte del Estado y los entes gubernamentales se ha visto cada vez más disminuida, degradada y en algunos casos inexistente; esta es una de las razones por las cuales la ONU ha declarado al país en situación de Emergencia Humanitaria Compleja.
El campo de la respuesta a las catástrofes naturales no podía quedar a salvo. Es lo que hemos corroborado en estos días aciagos de los terremotos del miércoles 24 de junio. La imagen de los bomberos escarbando con sus manos, tratando de recuperar víctimas entre los escombros porque no tienen los mínimos equipos de rescate; las largas horas de silencio oficial para informar al país sobre lo ocurrido; el ocultamiento de las dimensiones de la catástrofe y la ausencia de orientaciones prácticas a la ciudadanía; los voluntarios actuando sin camillas, cargando en sus hombros a los heridos; los ciudadanos atrapados entre las ruinas sin que nadie acuda en su ayuda, son la prueba evidente, un “Yo acuso” implacable, de un Estado fallido que devastó a la nación, convirtiéndola en huérfana, dejada a su suerte sin protección institucional.
Es una condena. A la catástrofe natural, que ya era grande, se agrega la ausencia de gobierno, la indolencia de una mafia dirigente que prometió el paraíso en la tierra y nos llevó en un viaje exprés a los más penosos círculos del infierno y la desilusión.
