Venezuela: violaciones sin límites de los DD. HH. (Informe de la ONU)
El informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU documentó más de 2.200 detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio —incluidos 220 menores de edad y unos 150 extranjeros—, un patrón que califica de crímenes de lesa humanidad.
Una política sistemática y continuada de represión contra la población, crímenes considerados de lesa humanidad cometidos por el Estado entre julio de 2024 y agosto de 2025, es lo que reveló el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
El documento, presentado el lunes 22 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, detalló cómo la persecución por motivos políticos se intensificó en Venezuela durante este periodo, particularmente en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Detenciones arbitrarias, asesinatos durante protestas, muertes bajo custodia de autoridades estatales, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual son algunos de los delitos documentados en el informe, que atribuye la responsabilidad de estos hechos al régimen venezolano y a sus fuerzas de seguridad: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica a las autoridades”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Se trata del mismo ‘patrón de actuación’ que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad”.
El informe registró más de 2.200 detenciones arbitrarias, que afectaron a políticos de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de opositores y personas extranjeras. Documentó, asimismo, el uso sistemático de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas.
Los métodos incluyeron golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas —en algunos casos aplicadas en genitales—, desnudez forzada, aislamiento prolongado en celdas de castigo —de un metro cuadrado— y privación de alimentos y agua. También violencia sexual y de género, con prácticas como sexo transaccional coercitivo y actos de esclavitud sexual, es decir, prostitución forzada.
**Menores de edad torturados**
Uno de los datos más alarmantes del informe es la detención de niños, niñas y adolescentes, que alcanzó la cifra de 220 menores de edad, recluidos y sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso. Y aunque las autoridades fueron excarcelando progresivamente a la mayoría, para la fecha de presentación de esta investigación, cuatro adolescentes aún permanecen detenidos en los estados La Guaira y Lara.
**Extranjeros en prisión**
Otra práctica calificada en el informe como sin precedentes es la cantidad de personas extranjeras que han sido detenidas durante este periodo y que aún permanecen encarceladas sin justificación. Esto configura desapariciones forzadas, algunas de más de seis meses de duración. Al respecto, la Misión expresó su preocupación por la detención de al menos 150 extranjeros acusados, sin pruebas, de participar en conspiraciones contra el gobierno.
Tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad desconocen la suerte y el paradero de estas personas. El experto de la Misión, Francisco Cox, señaló que “los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con los detenidos son ignorados por el gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional: las personas detenidas son mantenidas en severos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional”.
La Misión sostuvo que el Ministerio Público venezolano utilizó de forma arbitraria sus facultades investigativas y acusatorias con motivaciones políticas, y que el sistema judicial avaló y perpetuó estas detenciones. Cox precisó: “Las detenciones de 2025 repiten el patrón de 2024, sin base legal, realizadas por individuos enmascarados y con fabricación de expedientes penales. Ante el sometimiento de la justicia al Ejecutivo, la única esperanza de justicia reposa en instancias internacionales”.
