Democracia, migración y derechos humanos
Alfonso Molina
Si no fuera algo tan dramático resultaría ridículo, casi un chiste malo. Pero no cabe esa posibilidad. La realidad es que a pesar de los esfuerzos que ha desplegado el Gobierno nacional, las manifestaciones de rechazo a los migrantes venezolanos se han multiplicado en el país, según revela el Barómetro de la Xenofobia, organización sin ánimo de lucro que promueve la integración de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia y en América Latina.
Se sabe que la semilla de la xenofobia surge como una defensa ante lo ‘desconocido’, ante los ‘otros’, es decir, es producto de la ignorancia étnica, religiosa, sexual, cultural o nacional. Pero lo grave es que se convierte en una herramienta de manipulación política, como lo ha demostrado de forma reiterada la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien hace poco propuso un “comando especial contra migrantes criminales”.
El periodista Santiago Torrado, corresponsal del diario español El País, publicó el 16 de agosto: “La alcaldesa de Bogotá (…) vuelve a tropezar con la misma piedra. En medio del deterioro de la seguridad que atraviesa la capital de Colombia, su propuesta de crear un comando policial para combatir los crímenes perpetrados por migrantes no solo se estrelló con la negativa del Gobierno de Iván Duque, también ha provocado un extendido rechazo, incluso entre sus más cercanos aliados políticos, por considerarla una muestra de xenofobia que criminaliza la migración y la aleja de sus credenciales progresistas”.
Esa idea policial provocó la reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión”. Y el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, la desautorizó después de haberse reunido con el presidente Duque. La alcaldesa abandonó su idea pero generó una ola xenófoba en las redes sociales.
Lo anterior coloca la discusión en un terreno político con consecuencias en el ejercicio de la democracia y los derechos humanos. La alcaldía bogotana no ha logrado efectividad en su lucha contra el delito y ha querido aprovechar el descontento popular dirigiéndolo hacia esos ‘desconocidos’ que han llegado desde Venezuela. Es más fácil echarle la culpa a los ‘otros’.
Hay que precisar que esta intolerancia no es un fenómeno de Bogotá ni tampoco exclusivamente político, según indica el estudio realizado por Barómetro de la Xenofobia en otras cuatro ciudades colombianas: Barranquillas, Cali, Cúcuta y Medellín.
“Un sondeo (…) permitió corroborar la existencia de una multiplicidad de estereotipos negativos que fomentan la xenofobia (…) la presencia de refugiados y migrantes venezolanos se asocia con problemas como el desempleo, la inseguridad, la prostitución y las dificultades para acceder a bienes y servicios”. Sin embargo, las cifras de Migración Colombia contradicen esas ‘percepciones’ y señalan que solo 3,5 % de los delitos cometidos en el país corresponden a venezolanos y que la presencia de los migrantes incrementará el PIB colombiano a mediano plazo.
La xenofobia ha generado procesos de criminalización, polarización, exacerbación del nacionalismo, intersección entre formas de odio y
fragmentación social. El estudio añade:
“Además, en el contexto de pandemia por covid-19, la xenofobia y cualquier forma de discriminación u odio han encontrado una sociedad debilitada que ha permitido que estas formas de desigualdad crezcan y se fortalezcan. (…) es preciso robustecer y adecuar las medidas que hoy tienen lugar frente a este fenómeno a partir de un enfoque interseccional y local que busque una acción sin daño y se
comprometa tanto en la garantía de derechos como en el empoderamiento de esta población en función de su integración”.
Esta situación de varios factores sociales conduce la reflexión a dos planos fundamentales: el político y el comunicacional. El político, porque evidencia contradicciones entre el Gobierno nacional, que ha tenido un programa muy preciso desde la Administración Santos hasta hoy, y los gobiernos locales y regionales, mucho más dados al aprovechamiento oportunista del descontento social. El de la comunicación, porque las redes sociales han desbordado a los medios tradicionales de forma irresponsable para explotar las carencias de los sectores más desvalidos de la sociedad y culpar a los venezolanos.
Los medios de comunicación y los líderes políticos deben cuidar el lenguaje que usan para abordar los temas de la migración y la intolerancia. En este sentido es muy loable la iniciativa de la Fundación Gabo al lanzar su manual de herramientas ¿Cómo comunicar la migración venezolana en Colombia?, que les comentamos en la sección de Agenda de esta edición.
